El motivo de este escrito es que en el Ayuntamiento en que Vd. ejerce de funcionario la recaudación de los tributos la realiza el empresario recaudador comisionista D. Gabriel María Alzamora Torres y le quiero informar sobre los siguientes extremos:
1. La Comunidad Autónoma no le recauda los tributos, sino que lo hace el empresario comisionista Sr. Alzamora.
2. El ejercicio de una potestad administrativa de recaudación debe ejercerse por la Administración pública con funcionarios. Considero que es ilegal que la realice el empresario Sr. Alzamora, de acuerdo con el artículo 7.2 de la Ley 2/1989, de 22 febrero, de la Función Pública de las Islas Baleares que reserva “a los funcionarios de carrera los puestos de trabajo cuyo cumplimiento implique ejercicio de autoridad” y tampoco puede actuar como contratista de la CAIB (art. 155.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio); y finalmente, la jurisprudencia también es clara al respecto: sentencias del Tribunal Supremo de 5 marzo 1993 (RJ 1993\1555) y de 31 octubre 1997 (RJ 1997\7242). El ejercicio de esta potestad administrativa por un empresario puede ser constitutiva de un delito de usurpación de funciones pública (art. 402 CP), buena prueba de ello es el Proyecto de Ley de Medidas Tributarias y Administrativas publicado en el BOPIP, nº 16, de 30 de octubre de 2003, le otorga en su artículo 10.4 la condición de “agent de la hisenda pública”, condición que no ostenta en estos momentos e intenta este proyecto de Ley legalizar torticeramente la situación jurídica y el enriquecimiento del Sr. Alzamora.
3. No solamente su actuación es ilegal sino que se está enriqueciendo de una manera monstruosa y sin justificación; puede que durante los últimos quince años haya ganado alrededor de 10.000 millones de pesetas sin ningún riesgo económico y sin ningún esfuerzo (información no desmentida por el Govern Balear).
4. Finalmente, creo que su Ayuntamiento debería adoptar las siguientes medidas:
a) Exigir la Comunidad Autónoma que les comunique cuales son los ingresos brutos, gastos y beneficios del Sr. Alzamora imputables a la recaudación de los tributos de su municipio, desglosándolos en dos grandes bloques: vía voluntaria y vía ejecutiva.
b) Exigir a la CAIB la devolución de los beneficios obtenidos por el empresario recaudador comisionista. El Ayuntamiento está obligado a ejercer las acciones que correspondan de acuerdo con el artículo 68 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
c) Exigir la CAIB que cree un servicio de recaudación legal con funcionarios para garantizar la independencia, objetividad e imparcialidad en su ejercicio y que el coste que financie el Ayuntamiento no supere el real.
d) Estudiar la posibilidad de asumir directamente la recaudación voluntaria (es un servicio con muy bajo coste, ya que de un 30% a un 50% se recauda por domiciliación bancaria sin ningún retribución adicional, según el artículo 78.1 del Reglamento General de Recaudación).
e) Comprobar inmediatamente si la facturación se ajusta al anexo del Decreto 37/88 (BOCAIB, nº 49, 23-4-1988), ya que según parece sobre los mencionados porcentajes está cobrando el IVA, o en algún Ayuntamiento ha negociado una comisión superior, lo cual podría ser constitutivo de un ilícito penal, en el caso que no se ajuste estimo que debería ejercitar inmediatamente las acciones penales contra el recaudador.
f) Debería comprobar la devolución de todos los recibos no cobrados en ejecutiva, los cuales deberían ir firmados por la Intervención de la CAIB, ya que no es suficiente para declararlos prescritos la firma del comisionista Sr. Alzamora, al objeto de evitar responsabilidades por alcance, malversación de caudales públicos, etc.
g) Y para acabar, le sugiero que lea la página web http://www.recaptaciocaib.com y el foro de http://www.caib.es/portaldelciutada/forums/index.ct.jsp (RECAUDACIÓN DE LA CAIB y LA LEY DE PUNTO FINAL DE ALZAMORA).
Atentamente,
En Manacor a 30 de octubre de 2003.